ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PRESENCIA ESTATAL EN EL BAJO CAUCA
La propuesta lleva éste nombre, toda vez que el principal problema o dificultad se centra en el ordenamiento que debe tener el territorio en el Bajo Cauca, la mayoría de las tierras están en cabeza de unos pocos, los cuales en sus grandes extensiones de tierras dan un uso inadecuado a éstas prestándose para actos ilícitos, es necesario mejorar el medio ambiente, reforestar, realizar una repartición justa, es decir la restitución de tierras para que las personas recuperen el campo, que éste sea productivo y ecológico.
Así mismo, es indespensable la presencia del Estado, ante todo fortaleciendo la educación, combatiendo la delincuencia organizada y no formal, controlando el microtráfico, evitando secuestros, asesinatos y reclutamiento.
La región de Bajo Cauca, ubicada en el departamento de Antioquia en el límite con Córdoba y Bolívar, ha tenido presencia de múltiples actores armados desde la década de los setenta hasta el momento. Inicialmente se registró la llegada de los grupos guerrilleros ELN, EPL y FARC; luego la incursión y consolidación paramilitar a mediados de los noventa por medio de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y luego el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar de las AUC. Finalmente, posterior a la desmovilización paramilitar, la región ha vivido la formación y transformación del fenómeno de los grupos armados ilegales conocidos como bandas criminales, entre las que se han registrado a Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños. El dominio del territorio ha sido disputado y compartido entre las bandas y los grupos guerrilleros FARC y ELN.
El amplio conjunto de actores armados ilegales que se han disputado el control de la región se explica en gran medida por su ubicación estratégica, ya que hace parte de un corredor de movilización que va desde el Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño. De esta manera, la zona permite encadenar áreas de producción de coca, rutas de transporte y puertos de exportación de la sustancia, proceso facilitado por otros factores como el recorrido que traza el río Cauca.
Aun así, una serie de cambios contextuales que se han presentado en los últimos años han alterado de manera importante el panorama de ilegalidad de Bajo Cauca, primero, la implementación del Plan de Consolidación en la región, iniciado en abril de 2009 con la creación del Centro de Fusión (ahora llamado Centro de Coordinación Regional –CCR), que tuvo como uno de los principales puntos en su agenda la sustitución de cultivos de coca. A lo anterior se suma el hecho de que los grupos armados ilegales han venido mostrando un interés creciente en la minería ilegal como fuente de financiación, se ha registrado un incremento importante en la explotación de oro en el departamento de Antioquia que se explica por el aumento en el precio del oro, debido a la crisis internacional.
Así las cosas, aun cuando los indicadores de violencia sobre la población civil han venido disminuyendo, se demuestra que esto es producto de los acuerdos entre actores armados que hacen presencia en el territorio, cuyo propósito responde a un mejor aprovechamiento de las economías ilegales que ofrece la región y no a una disminución real en el escenario de riesgo para la población civil.
Un conflicto es algo más que un desacuerdo. Se trata de una situación en la que una o ambas partes perciben una amenaza, en el caso del conflicto analizado lo ideal es el fortalecimiento de los derechos civiles, que el estado fortalezca su presencia no solo militar si no con garantías sociales, a través de proyectos de emprendimiento, programas que contribuyan a la población en una convivencia pacífica.
Programas de sustitución de cultivos ilícitos por programas agrícolas que contribuyan al desarrollo sostenible de la población mejorando su calidad de vida, invitando a las empresas privadas a la inversión no solo económica, sino que contribuya al cuidado del medio ambiente por medio de la prevención y control de la seguridad política y seguridad ambiental.
Fortalecimiento de la educación con entidades públicas como el Sena en la capacitación y oferta de carreras técnicas y tecnológicas que ayuden a la población a tener mejores procesos de aprendizajes, a prepararse y así enfrentar los retos que se presenten en la región por medio de la educación y Participación democrática.
Por lo anteriormente expuesto, la propuesta se puede realizar en las siguientes etapas:
1. Realiza el plan de ordenamiento territorial.
2. Sensibilizar, capacitar y educar a la población.
3. Ejecutar el plan.
Para llevar a cabo el desarrollo de las etapas mencionadas es necesario tener en cuenta:
• Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.
• Reactivación económica y producción agropecuaria.
• Educación Rural.
• Vivienda, agua potable y saneamiento
• Salud Rural.
• Reconciliación, convivencia y paz.
• Infraestructura y adecuación de tierras.
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